Una veintena de cargos políticos de la Diputación de Barcelona son cienmileuristas. De los 51 políticos que forman la Diputación -alcaldes y concejales de la provincia-, 31 reciben su sueldo de esta Administración y han renunciado a su nómina municipal (por ley, solo se puede tener un salario público), que acostumbra a ser inferior a lo que paga la Diputación. A esto hay que añadir lo que los concejales reciben de sus respectivos Ayuntamientos en concepto de dietas, lo cual dispara los sueldos de una quincena de políticos por encima de los 100.000 euros anuales. Hay una decena más que se queda a muy poco de llegar a esta cifra. Estos alcaldes y concejales ingresan mensualmente, pues, 10.000 euros.
Los sueldos que paga la Diputación empiezan en 53.100 euros (solo lo cobran tres diputados), pasan luego a 83.500 euros (16 diputados), escalan a 96.900 euros (11 diputados) y culminan en los 115.700 euros que recibe el presidente de la Diputación, Salvador Esteve. Con todo, estos se recortaron en varias ocasiones en los últimos dos años. La última vez fue en julio, coincidiendo con la constitución del ente, cuando se rebajaron las retribuciones hasta el 15%. Además, la nómina de la Diputación no solo la reciben aquellos cargos con responsabilidad que dedican su jornada al ente provincial, sino también ediles que van a la Diputación a asistir a plenos y comisiones que duran menos de media hora, pero cobran de esta Administración porque el sueldo es más alto.
A este monto se añaden las dietas (todos los importes publicados han sido extraídos de documentos oficiales) que los ediles cobran de sus Consistorios. El Ayuntamiento de Badalona ofrece las retribuciones más generosas, que oscilan entre los 20.800 de los concejales de la oposición y los 46.500 euros del alcalde del PP, Xavier Garcia Albiol. Desde el Consistorio inciden en que se trata de cifras máximas anuales que tienen asignadas los concejales, que al cabo del año pueden ser inferiores, dependiendo de la asistencia a los órganos de gobierno (si no se asiste a un pleno o a una comisión, no se cobra). También son destacadas las dietas que pagan en los Ayuntamientos de grandes ciudades, como Barcelona y Sabadell.
Aunque la práctica habitual es cobrar un sueldo y unas indemnizaciones complementarias cuando se tienen varios cargos en diferentes Administraciones, destacan algunos casos que rompen el molde. Son los de los alcaldes de Igualada, Marc Castells (CiU) y de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez (PSC). Ambos cobran el sueldo de la Diputación (83.500 euros) pero renunciaron a percibir cualquier tipo de retribución de sus Ayuntamientos, que en ambos casos les hubiera supuesto unos ingresos extra de 18.000 euros anuales. Es relevante el caso del edil de Igualada, cuyas arcas públicas se encuentran en dificultades.
Además de los que aparecen en el cuadro adjunto, casi una decena de diputados se quedan a las puertas de unos ingresos de seis cifras. Entre ellos, los alcaldes de CiU de Lliçà de Vall, Andreu Carreras, y Matadepera, Mireia Solsona, que superan los 90.000 euros anuales. También lo hace el expresidente de la Diputación Antoni Fogué (PSC), que por su antiguo cargo sigue conservando el rango de vicepresidente del ente, aunque sin área de gobierno atribuida.
A las seis cifras de nómina también llegan algunos de los 20 diputados restantes que solo cobran del ente provincial las dietas por asistencia a los plenos y comisiones (23.100 euros anuales). Y es que algunos de estos diputados también cuentan con sueldos municipales elevados, como el alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos (con un sueldo de 81.600 euros) y los concejales barceloneses de CiU Jaume Ciurana (98.200 euros), Joan Puigdollers y Gerard Ardanuy (82.000 euros ambos).
El debate sobre los sueldos públicos incomoda a la clase política, que se muestra resistente a meter baza en ellos. Varios de los diputados del ente provincial coinciden en defender un salario digno para los cargos políticos, pero también inciden en que habría que establecer un criterio en las dietas, dependiendo de la responsabilidad y las tareas que desempeña el beneficiario. Eso sí, varios de ellos reconocen que una nómina mensual de 10.000 euros es elevada y que estarían bien pagados cobrando la mitad.
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